La fortaleza de una democracia no se mide por la dureza de su política migratoria, sino por su capacidad para hacer cumplir la Ley con respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Estados Unidos (EU) atraviesa un momento particularmente complejo. La devolución de las notas diplomáticas mediante las cuales México solicitó revisar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y esclarecer la muerte de connacionales evidenció que la migración dejó de ser sólo un desafío fronterizo para convertirse también en un foco de tensión diplomática.
Sin embargo, el problema trasciende la relación bilateral. Los operativos del ICE enfrentan un creciente escrutinio por denuncias de uso excesivo de la fuerza, fallecimientos durante detenciones o bajo custodia, abusos en los centros de retención y cuestionamientos a los mecanismos de supervisión.
Las recientes muertes de un ciudadano colombiano y del mexicano Lorenzo Salgado en Houston reavivan la demanda por los protocolos de actuación y la transparencia de las investigaciones. Que el Agente involucrado en el caso del ciudadano colombiano contara con antecedentes de Violencia Familiar abre dudas sobre los procesos de selección y permanencia del personal encargado de ejercer el uso legítimo de la fuerza. En el caso de Salgado, las irregularidades en el proceso y las falsas declaraciones agravan este asesinato.
El endurecimiento de las políticas migratorias afecta de manera cruel a infancias, mujeres y familias expuestas a múltiples formas de violencias desde su tránsito y ahora sus detenciones.
Las alertas ya no provienen sólo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Decenas de senadores estadounidenses solicitaron una investigación independiente sobre las recientes muertes, mayor transparencia en las actuaciones del ICE y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando los cuestionamientos surgen desde el propio Congreso, el debate trasciende la migración y alcanza la calidad de las instituciones democráticas.
Para México, este escenario exige una diplomacia firme que defienda los derechos de sus nacionales donde el litigio estratégico es una vía que ofrece amplias posibilidades de generar precedentes, imponer responsabilidades y modificar prácticas institucionales impulsado por organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno Mexicano ha documentado al menos 17 fallecimientos de connacionales relacionados con el ICE desde 2025. La Presidenta fue contundente al anunciar que interpondrán acciones legales tras la muerte del mexicano en Houston.
Ningún muro ni política de deportación eliminará las causas que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. Además, menos del 2 por ciento de las personas mexicanas deportadas desde EU tienen antecedentes penales como lo señala la Organización Agenda Migrante, lo que demuestra que las políticas migratorias no pueden partir de una presunción de criminalidad.
Las democracias se distinguen por los límites que imponen al ejercicio del poder. Cuando se desplaza a la legalidad, no sólo se ponen en riesgo los derechos de las personas migrantes; también se debilita el Estado de Derecho.
La legalidad y la movilidad humana son asuntos por tratar desde la perspectiva de los derechos humanos. Los abusos del ICE, el terrorismo psicológico de la administración de Trump y las muertes de personas por el abuso de la fuerza son inadmisibles. El clamor de justicia es algo que debe unir nuestras voces.
@ClauCorichi
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