Las fronteras delimitan territorios. También delimitan poder y cruces geopolíticos. La llegada masiva a Ceuta, España de cerca de 60 mil personas, de las cuales aproximadamente 7 mil eran niñas, niños y adolescentes, no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno; desencadenó una emergencia humanitaria y social que confirmó que la migración se ha convertido en uno de los grandes retos de la geopolítica del siglo XXI.
Reducir este episodio a un problema de seguridad fronteriza sería un error. Detrás de cada persona que cruza una frontera hay pobreza, violencia, persecución, conflictos armados, falta de oportunidades y, cada vez más, los efectos del cambio climático. La migración es, ante todo, un fenómeno humano y, por ello, debe abordarse con un enfoque de derechos humanos.
Sin embargo, en este caso sería ingenuo ignorar que los flujos migratorios de esta magnitud pueden utilizarse como instrumentos de presión política. Las declaraciones de Javier Bardem nos recordaron que España se ha convertido en la principal voz europea en pronunciarse contra los crímenes de guerra israelíes y estadounidenses, pero también ha mantenido un rotundo rechazo a elevar al 5 por ciento del PIB su gasto militar en las últimas cumbres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Aún no existe una conclusión definitiva sobre quién promovió o facilitó esta crisis; sin embargo, el episodio exhibe la compleja relación entre España y Marruecos, este último como país que conecta dos continentes, aliado de Estados Unidos e Israel en el conflicto del Sáhara Occidental y rival estratégico de Argelia, con quien España restableció en julio de este año, la relación bilateral y acordó un aumento de las importaciones de gas. A ello se suman las redes de tráfico de personas, la reciente prohibición del Tribunal Supremo Español sobre las devoluciones de personas que ingresan por mar y la fragilidad de una Unión Europea que sigue sin construir una política migratoria verdaderamente común y las presiones de la derecha contra el Gobierno español.
La crisis humanitaria y migratoria tuvo consecuencias políticas y diplomáticas para el Presidente Pedro Sánchez y para el bloque europeo, particularmente tras la decisión del Gobierno italiano de suspender temporalmente a España del Acuerdo Schengen, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.
La respuesta a estos acontecimientos obliga a reabrir un viejo dilema: ¿cómo proteger las fronteras sin vulnerar la dignidad de quienes migran? Todo Estado tiene el derecho de controlar el ingreso a su territorio, pero también la obligación de hacerlo conforme al derecho internacional y al respeto irrestricto de los derechos humanos. La fortaleza de una frontera no puede medirse por la dureza de sus controles, sino por la capacidad de conciliar seguridad con humanidad.
La verdadera discusión no debería centrarse únicamente en quién abrió una frontera o quién obtuvo una ventaja política. La pregunta de fondo es qué ocurre cuando miles de personas terminan convertidas en instrumentos de presión o piezas de una disputa geopolítica. Cuando la movilidad humana deja de verse como un derecho y las personas se transforman en moneda de cambio, los estados debilitan su legitimidad, las sociedades profundizan sus divisiones y los derechos humanos quedan subordinados a intereses estratégicos.
La geopolítica explica por qué se mueven las fronteras; los derechos humanos recuerdan por qué nunca deben perderse de vista las personas.
@ClauCorichi
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